Estiman hasta US$ 30 millones al año en ingresos por escaneo de contenedores
La Cámara Paraguaya de Exportadores (CAPEX) estima que de aplicarse el canon obligatorio a todos los contenedores, sean o no escaneados, la empresa privada adjudicada para prestar dicho servicio, recaudaría entre U$$ 25 a 30 millones al año, teniendo en cuenta el movimiento registrado en las Aduanas. Al igual que el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), el gremio de exportadores cuestiona la manera inconsulta en que se decidió aplicar este sistema y la falta de transparencia en el proceso de adjudicación.
El presidente de Capex, Ramón Jiménez Gaona, manifestó que la información que manejan es que el costo por valor FOB (libre a bordo) por cada contenedor, sería de 0,11 % para las exportaciones, mientras que para los importadores, de 0,22 %. “Si estos valores son los reales, teniendo en cuenta el movimiento que se tiene por año en las Aduanas, la recaudación estaría entre 25 a 30 millones de dólares”, agregó
De confirmarse esta estimación, estamos ante un monto exageradamente elevado, muy por encima de los valores referenciales de otras aduanas en Latinoamérica, acotó.
Señaló que incluso, en países como Argentina y Uruguay, este proceso no tiene costo alguno para las empresas y que el temor de los exportadores ante esta situación es que podrá afectar el comercio atendiendo al sobrecosto muy alto que puede representar en gastos directos e indirectos, y que lejos de significar una ventaja comercial, podrá incluso restar competitividad a la producción nacional si el sistema de operación en los puertos no es el adecuado.
Destacó que si bien la implementación del escaneo obligatorio es un paso muy importante para mejorar la imagen internacional del país y agilizar el comercio, la forma en que se manejó el tema, a espaldas de los importadores y exportadores, es cuestionable ya que en definitivas; son los que deberán absorber los gastos del mencionado servicio.
Por otro lado, cuestionó la falta de información, que se dio desde el inicio mismo del proceso de adjudicación por parte de la administración anterior de la DNA, realizándose sin la participación ni la consulta a los sectores afectados, y cuya presentación llamativamente se hizo en la Cámara de Diputados.
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